Guía de contratación para autores de obras musicales

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El contrato entre el autor y el editor musical

Esta y las próximas entradas que iremos subiendo, se constituyen en un instructivo de contratación para autores y compositores de obras musicales. Pretende, de una forma sencilla, proporcionar a los autores información básica sobre sus derechos y los contratos con los que típicamente interactúan en la industria musical, particularmente el contrato con el editor musical, así como proporcionar algunos consejos prácticos y puntos a tener en cuenta a la hora de contratar.

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Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se pronuncia sobre la creación de nuevos derechos patrimoniales de autor y nuevos derechos patrimoniales conexos

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El 20 de mayo de 2022, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante TJCA) emitió una interpretación prejudicial en el Proceso 52-IP-2022 donde reitera la tesis según la cual en materia de derechos patrimoniales de autor y de derechos patrimoniales conexos, la Decisión Andina 351 de 1993 es un mínimo -o piso-, es decir, que los países miembros de la Comunidad Andina pueden crear derechos adicionales a los contenidos en la norma andina. Esta posición deja sin fuerza aquellos apartes de interpretaciones pasadas como la Interpretación Prejudicial en el Proceso 33-IP-2019 que pudieron dar a entender que la Decisión 351 era un máximo -o techo- en el reconocimiento de derechos patrimoniales.

La interpretación en el Proceso 52-IP-2022 señaló en el capítulo referido a los derechos de los artistas (párrafo 3.8.) lo siguiente:

«Es importante resaltar que la Decisión 351 establece un contenido mínimo esencial de derechos patrimoniales. En consecuencia, nada impide que los Países Miembros, a través de sus legislaciones nacionales, amplíen el contenido y alcance de dicha protección y reconozcan otros derechos de autor y derechos conexos de carácter patrimonial, tal como establece el Artículo 17 de la Decisión 351″ Subrayado fuera del texto original.

Frente a los derechos del productor fonográfico se dice (5.12.):

«Resulta necesario precisar que la protección analizada podrá ser ampliada ─mas no reducida─ por las legislaciones nacionales. No obstante, en aplicación al principio del complemento indispensable la legislación de los Países Miembros podrá determinar las condiciones o montos en lo que se efectuará la distribución de la referida remuneración.»

La Interpretación prejudicial del Proceso 52-IP-2022 puede ser consultada aquí: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204472.pdf

30 años de la Constitución Política de Colombia de 1991 – La formación y contenido del artículo 61 de la Constitución que protege la Propiedad Intelectual

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Con esta entrada nos unimos a la conmemoración de los 30 años de la Constitución Política de Colombia, particularmente del artículo 61 que protege la Propiedad Intelectual en Colombia. En el video que les compartimos, el Dr. Fernando Zapata López, especialista en Derecho de Autor y Derechos Conexos, nos cuenta varias curiosidades y apuntes sobre la formación del artículo 61 que protege la Propiedad Intelectual en Colombia. 


Ir a: La Propiedad Intelectual en la Constitución Política de Colombia – Formación del artículo 61

En las próximas semanas estaremos publicando en nuestras redes sociales nuevos videos con más apuntes del Dr. Zapata acerca de este interesante tema. 

Decreto reglamenta el alcance de la devolución bimestral del IVA por la exención a la exportación de servicios relacionados con la producción de obras audiovisuales y de desarrollo de software

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Por: Stefanía Landaeta

El pasado 3 de mayo de 2021 fue expedido el Decreto 456 de 2021 por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público, y de Cultura con la finalidad de delimitar el alcance de la devolución bimestral del IVA por la exención de este impuesto a la exportación de servicios relacionados con la producción de obras de cine, televisión, audiovisuales de cualquier género y con el desarrollo de software[1]. En este Decreto[2], se especifican los requisitos para la procedencia de la devolución y/o compensación de los saldos a favor generados en las declaraciones del impuesto sobre las ventas por tales servicios.

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Las medidas que trae la Ley ReactivARTE para el sector cultural – Ley 2070 de 2020

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Dejando atrás el año 2020, un duro año para el sector cultural en Colombia por cuenta de la pandemia del COVID-19, llegan en buena hora varias medidas de la Ley 2070 para promover el patrimonio, la cultura, las artes y la creatividad.

Mediante esta ley se crean diferentes mecanismos que buscan darle impulso a la cultura, el arte, y el patrimonio y son las siguientes:

1. Creación del fondo FONCULTURA

Se crea el Fondo para la Promoción del Patrimonio, la Cultura, las Artes y la Creatividad – FONCULTURA, que será administrado por la entidad de patrimonio público y privado “Colombia Crea Talento», no obstante el comité directivo de este fondo estará conformado por miembros del gobierno, entre ellos el Ministro de Cultura, el Ministro de Hacienda y un delegado del Presidente de la República, también estará presente en el comité directivo un representante de las entidades responsables de cultura en los departamentos y otro de los municipios.

El fondo FONCULTURA se financiará con recursos asignados por el Presupuesto General de la Nación, diferentes de las apropiaciones del Ministerio de Cultura, recursos del Ministerio de Cultura y sus entidades adscritas, recursos recaudados por concepto de multas en casos de vulneración al Patrimonio Cultural de la Nación, recursos no ejecutados y reintegrados por parte de las entidades territoriales, correspondientes al Impuesto Nacional al Consumo de telefonía, datos, internet y navegación móvil destinada a la cultura, recursos no ejecutados y reintegrados por parte de las entidades territoriales, correspondientes a la contribución parafiscal cultural de espectáculos públicos de las artes escénicas (Ley 1493 de 2011), donaciones, entre otras fuentes de financiamiento.

Los recursos del fondo serán destinados a diferentes líneas de la política cultural, entre las que se encuentran todas las actividades de la economía naranja, expresiones culturales, turismo cultural e infraestructura cultural y creativa, de profesionalización de las artes, iniciativas y proyectos audiovisuales, a través de aportes al Fondo para el Desarrollo Cinematográfico creado por la Ley 814 de 2003 y al Fondo Fílmico Colombia creado por la Ley 1556 de 2012, e iniciativas y proyectos que generen formalización, capacitación y acompañamiento a los creadores, gestores culturales y artistas.

Las propuestas presentadas por las personas interesadas en ser beneficiarias de los recursos del Fondo deberán conformar un Banco de Iniciativas a cargo Colombia Crea Talento. Respecto a las iniciativas, estas deberán contener una explicación detallada de las actividades, adquisiciones y gastos que se requieren para su desarrollo. Las personas naturales o jurídicas interesadas en ser beneficiarias de los recursos de FONCULTURA podrán presentar sus iniciativas antes las secretarías de cultura municipales, distritales y departamentales, quienes tendrán la obligación de enviarlas al fondo.

No obstante lo anterior, los recursos de FONCULTURA también podrán ser utilizados, sin necesidad de la presentación de una propuesta al Banco de Iniciativas, para la atención de actividades a cargo del Ministerio de Cultura que impliquen la investigación, identificación, apropiación social, protección, manejo, salvaguardia y sostenibilidad del patrimonio cultural material e inmaterial, entre otros.

Enuncia la norma además, que en el desarrollo de las convocatorias y mecanismos de apoyo para la destinación de los recursos del Fondo, se dará un tratamiento y calificación o puntaje especial a las iniciativas que se ejecuten en áreas no municipalizadas y municipios de categorías 4, 5 y 6, así como aquellos que busquen desarrollar acciones afirmativas que tengan en cuenta enfoque de género y en favor de grupos étnicos, personas con discapacidad, excombatientes en proceso de reincorporación y sujetos de especial protección constitucional.

2. Posibilidad de obtener mayores recursos para el sector cultura en municipios y departamentos por la Estampilla Procultura.

Se establece que los departamentos y municipios podrán destinar a actividades culturales y artísticas el 20% de los recursos provenientes de la Estampilla Procultura que debían ser objeto de retención con destino a los fondos de pensiones de la entidad destinataria de dichos recaudos o del respectivo municipio o departamento, si los municipios o departamentos ya cubrieron dicho pasivo pensional y se encuentran saldos disponibles.

3. Menor porcentaje de retención en la fuente a título de impuesto sobre la renta para actividades culturales

Por regla, las retenciones en la fuente a título del impuesto de renta pueden llegar a ser de hasta el 20% en diferentes actividades, así, como beneficio para el sector cultural se estableció como tarifa de este tipo de retención para actividades culturales y creativas (27 definidas en la Ley en materia de cultura y arte), sólo el 4%.

4. Promoción al acceso a líneas de crédito preferencial para el sector cultura, teniendo en cuenta las características de su actividad particular de gestores, creadores, cultores y artistas.

Se promoverá el acceso a crédito a gestores, creadores, cultores y artistas, teniendo en cuenta que el Ministerio de Cultura podrá establecer en sus convocatorias criterios diferenciales para promocionar la creación, la actividad artística y cultural, la investigación y el fortalecimiento de las expresiones culturales de grupos cuyos miembros sean población vulnerable.

5. Creación del Registro Único Nacional de Agentes Culturales – Soy Cultura.

Se crea el Registro Nacional de Agentes Culturales como instrumento de inscripción, caracterización y actualización de la información de los gestores y creadores culturales, para la formulación y promoción de la Política Pública del sector cultura, con el fin de promover el desarrollo del sector y el acceso de la comunidad a los bienes y servicios culturales. El Registro será público y estará a cargo del Ministerio de Cultura. Se enuncia que quienes aspiren a obtener los estímulos públicos culturales por parte del Ministerio de Cultura y la entidades departamentales, municipales y distritales responsables de la cultura, así como para aquellos estímulos otorgados por el Fondo de Desarrollo Cinematográfico de que trata la Ley 813 de 2003, deberán estar inscritos en este registro.

Zapata & Ríos Abogados Asociados
Elaboró Stefania Landaeta Chinchilla
Abogada Asociada

Lo que trae la Ley de Emprendimiento (2069 de 2020) al sector empresarial en Colombia

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Con el ánimo de ser un apoyo para los empresarios de las MIPYME en Colombia, a propósito de la pandemia del Covid-19, en esta ocasión queremos contarles a nuestros clientes y a los pequeños empresarios qué beneficios trajo la recién expedida Ley 2069 de 2020 “por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia”.

Esta Ley 2069 sancionada el pasado 31 de diciembre de 2020 tiene por objeto “establecer un marco regulatorio que propicie el emprendimiento y el crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las empresas, con el fin de aumentar el bienestar social y generar equidad.” En la norma se encuentran medidas de apoyo para las MIPYMES, para las asociaciones mutuales y para las cooperativas. Se contemplan medidas para la racionalización y simplificación de procesos, trámites y tarifas, medidas en materia de compras públicas que favorecen en los procesos de selección a las MIPYMES entre otros grupos sociales vulnerables, se establece un impulso al acceso de financiamiento para las empresas, se ajusta el marco institucional del Estado para ajustarlo a las nuevas medidas y finalmente se establecen disposiciones con relación a la creación
de cátedras y estudios en materia de emprendimiento, tanto en educación escolar como en educación superior.

A continuación, explicaremos las novedades que seguramente serán las de mayor utilidad para el sector empresarial del país:

1. Tarifa preferencial para MIPYMES en el pago de la tasa al INVIMA a cargo de las personas que requieran la expedición, modificación y renovación del registro sanitario para producir, importar, distribuir o comercializar medicamentos, productos biológicos, alimentos, bebidas, cosméticos, entre otros.

El artículo 2 de la Ley dispone que el INVIMA debe establecer tarifas diferenciadas de acuerdo con la clasificación de tamaño empresarial, teniendo en cuenta que no podrán acceder a las tarifas diferenciadas, las MIPYME que se encuentren en una situación de subordinación respecto de gran empresa, o pertenezcan a un grupo empresarial.

Las microempresas, incluyendo los pequeños productores quedan exceptuadas del pago de la tasa para la expedición, modificación y renovación de los registros ante el INVIMA. También quedan exceptuadas las cooperativas, las asociaciones mutuales y las asociaciones agropecuarias, étnicas y campesinas que desarrollen actividades económicas productivas y que clasifiquen como microempresas.

2. Tarifas preferenciales para las MIPYMES en el pago del impuesto departamental de registro

El artículo 3 establece rangos menores de referencia que las asambleas departamentales deben seguir para la fijación de la tarifa del impuesto de registro. Así, van a bajar las tarifas porque:

– Para el registro de actos, contratos o negocios jurídicos con cuantía sujetos a registro en las Cámaras de Comercio, distintos a aquellos que impliquen la constitución con y/o el incremento de la prima en colocación de acciones o cuotas sociales de sociedades, la tarifa pasa de ser entre el 0.3% y el 0.6% y antes era de entre el 0.3% y el 0.7%.

– Para el registro de actos, contratos o negocios jurídicos con cuantía sujetos a registro en las Cámaras de Comercio, que impliquen la constitución con y/o el incremento de la prima en colocación de acciones o cuotas sociales de sociedades, la tarifa será de entre el 0.1% y el 0.2%, y antes rondaba entre el 0.1% y el 0.3%

3. Se deroga la causal de disolución de las sociedades de tener una disminución del patrimonio en 50% o más del capital suscrito y se reemplaza por la causal de disolución de no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha.

Ya desde abril de 2020 el Gobierno nacional consciente de la difícil situación que estaban pasando las empresas en Colombia por culpa de pandemia y las pérdidas que reportaban, mediante el Decreto legislativo 560 de 2020, suspendió la causal de disolución de disminución del patrimonio en 50% o más del capital suscrito durante 24 meses. Ahora el Congreso que siguió la misma línea tomada por el ejecutivo en el artículo 4 de la Ley 2069 derogó la mencionada causal de disolución.

No obstante, estableció una nueva causal en su reemplazo, el no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha, que viene de la regulación contable nacional e internacional prevista en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), así, se entiende como hipótesis de negocio en marcha la situación en la cual la empresa está en funcionamiento o en marcha, en la que sus socios no tienen la voluntad de liquidar la empresa o de hacer cesar sus operaciones (Marco conceptual de las NIIF, párrafo 4.1 y NIC 1, numeral 25).

El artículo 4 de la Ley 2069 establece que cuando se pueda verificar razonablemente el incumplimiento de esta hipótesis los administradores sociales se deberán abstener de iniciar nuevas operaciones, distintas a las del giro ordinario de los negocios, y convocarán inmediatamente a la asamblea general de accionistas o a la junta de socios para informar completa y documentadamente dicha situación, con el fin de que el máximo órgano social adopte las decisiones pertinentes respecto a la continuidad o la disolución y liquidación de la sociedad, so pena de responder solidariamente por los perjuicios que causen a los asociados o a terceros
por el incumplimiento de este deber. También se enuncia que los administradores sociales deberán convocar al máximo órgano social de manera inmediata, cuando del análisis de los estados financieros y las proyecciones de la empresa se puedan establecer deterioros patrimoniales y riesgos de insolvencia, so pena de responder solidariamente por los perjuicios que causen a los asociados o a terceros por el incumplimiento de este deber. Queda en todo caso en cabeza del Gobierno nacional la facultad de establecer las razones financieras o criterios para que se considere el incumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha.

4. Se impulsa la regulación de varios modelos de negocio entre el ellos los SANDBOX y las franquicias

Los SANDBOX son espacios de experimentación que permiten a las empresas probar productos, servicios y soluciones bajo la supervisión de una entidad reguladora. Estos espacios facilitan que las empresas innovadoras puedan operar productos o servicios temporalmente bajo una regulación flexible en un ambiente controlado, permitiendo ayudar a promover la creación o adaptación de productos o servicios innovadores, y estimular la comunicación entre las empresas y el regulador además de garantizar que los marcos regulatorios respondan plenamente a los cambios en las condiciones económicas, sociales y técnicas derivados del avance tecnológico.

El artículo 5 de la Ley 2069 establece la responsabilidad del Gobierno nacional de regular en un plazo no mayor de un año este tipo de emprendimientos, que permita en cada uno de los Ministerios y Sectores Administrativos, crear un ambiente especial de vigilancia y control, que facilite el desarrollo de modelos de negocio que apalanquen e impulsen la economía de alto valor agregado y sostenible en distintos ámbitos, a partir de la promoción de actividades intensivas en tecnología, innovación, uso sostenible del capital natural y/o tendientes a la mitigación de la acción climática.

Con relación a régimen de los acuerdos de franquicia, el artículo 11 de la Ley 2069 establece que el Gobierno Nacional promoverá el modelo de franquicias como alternativa para el emprendimiento y la expansión de MIPYMES, para ello deberá reglamentar las condiciones técnicas que definen la franquicia, las obligaciones y el régimen de responsabilidad del franquiciante y el franquiciado, a que haya lugar. Haciendo claridad, en que el nuevo régimen en ningún momento podrá representar mayores beneficios que los implementados para promover la creación de nuevas empresas.

5. Facilidades en las reuniones de asambleas generales de accionistas y juntas de socios.

El artículo 6 de la Ley, modifica el artículo 182 del Código de Comercio en el sentido de señalar que pueden convocar a reuniones extraordinarias de la Asamblea general o de la Junta de socios ya no los socios o accionistas que representen un 25% o más del capital social sino un número de asociados que representante el 10% o más del capital social.

También la norma establece que por las circunstancias de fuerza mayor que están alterando la salud pública y el orden público económico, el Gobierno Nacional podrá establecer el tiempo y la forma de la convocatoria y las reuniones ordinarias del máximo órgano social de las personas jurídicas, incluidas las reuniones por derecho propio, para el año 2021.

6. Contabilidad simplificada para microempresas, varias formas de contabilidad

En desarrollo de la contabilidad simplificada para microempresas que trajo el artículo 2 de la Ley 1314 de 2009 la Ley de emprendimiento facultó al Gobierno a autorizar que las microempresas lleven contabilidad de acumulación, o de caja, o métodos mixtos, según la realidad de sus operaciones.

7. Facilidades en el empleo remoto

Muy en línea con el impulso al teletrabajo que el Gobierno nacional ha dado con ocasión de la pandemia del COVID-19 se ordena al Gobierno expedir un régimen especial para el ingreso, permanencia y trabajo en el país de los denominados «nómadas digitales», los cuales incluyen a personas dedicadas a realizar trabajo remoto y/o independiente, incluyendo las modalidades de teletrabajo, trabajo a distancia y/o trabajo remoto, con el propósito de promover al país como un centro de trabajo remoto en el marco de la cuarta revolución. (Artículo 16).

A su vez, teniendo en cuenta las nuevas circunstancias mundiales, se habilita el trabajo remoto más allá del teletrabajo, con el fin de garantizar la generación de empleo en el país, y la consolidación y crecimiento de las empresas. Asunto que debe reglamentar el Gobierno nacional (Artículo 17).

8. Tratamientos preferenciales para MIPYMES en compras públicas

Esta Ley establece que las Entidades Estatales de acuerdo con el análisis de Sector podrán incluir en los procesos de contratación requisitos diferenciales y puntajes adicionales, en función del tamaño empresarial para la promoción del acceso de las MIPYMES al mercado de Compras Públicas. Estos criterios deberán ser reglamentados por el Gobierno Nacional, que deberá dar prioridad a la contratación de producción nacional sin perjuicio de los compromisos comerciales adquiridos con otros Estados. (Artículo 31)

También, la Ley contempla requisitos diferenciales y puntajes adicionales para incentivar emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras públicas en los procesos de licitación pública, selección abreviada de menor cuantía y concurso de méritos, así como en los procesos competitivos que adelanten las entidades estatales que no apliquen en su gestión contractual el Estatuto General de Contratación Administrativa (Artículo 32).

Finalmente, en este contexto, en el artículo 35 se establecen factores de desempate que benefician en los procesos de contratación a las MIPYMES como: preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros y preferir la oferta presentada por una MIPYME o cooperativas o asociaciones mutuales; o un proponente plural constituido por MIPYMES, cooperativas o asociaciones mutuales.

Entre otros factores de desempate se contemplan que las empresas incluyan en su nómina mujeres cabeza de familia, mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar, personas en condición de discapacidad, personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia; población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, o Rom.

9. Financiación colaborativa y Centros de emprendimiento

Para terminar, queremos resaltar el impulso que trae esta Ley a las actividades de financiación colaborativa o crowdfunding facultando al Gobierno para la reglamentación de esta actividad (Artículo 44), y la creación de los centros de emprendimiento CEmprende como una iniciativa del Gobierno Nacional, en cabeza de iNNpulsa Colombia, para facilitar la conexión entre los emprendedores, la academia, la empresa privada, el Estado y la sociedad para fortalecer y dinamizar el desarrollo del emprendimiento y la innovación en el país. Así, serán espacios para generar conexiones de valor y promover el fortalecimiento de los actores del ecosistema emprendedor e innovador del país. Su funcionamiento será reglamentado por el Gobierno.

Zapata & Ríos Abogados Asociados
Elaboró Stefania Landaeta Chinchilla
Abogada asociada

Guía de contratación para autores de obras musicales – Capítulo V – Mecanismos de Protección – Pregunta 59. ¿Cuándo procede la acción de tutela?

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Esta es nuestra última pregunta de este Manual de contratación para autores de obras musicales. Agradecemos a todos nuestros lectores habernos seguido semana a semana con cada una de las preguntas. Y a los nuevos lectores, los invitamos a consultar cada una de las entradas de este manual que seguramente serán de mucha utilidad para los autores, las mismas pueden consultarlas en este Blog en la sección sector musical o industria musical.

Un abrazo!

59. ¿Cuándo procede la acción de tutela?

En principio la acción de tutela no es un mecanismo apropiado para discutir temas patrimoniales y contractuales, sin embargo, en la Sentencia T-367 de 2009 (Caso Rafael Escalona vs. Sociedad Editora Internacional de Música), la Corte Constitucional señaló que si en una relación contractual aemás de los intereses patrimoniales también están en juego los derechos fundamentales del autor (Por ejemplo: su seguridad social, su vida, salud, los derechos morales, etc.), es posible acudir a esta acción de rango constitucional.

Por: Yecid Ríos Pinzón y Stefanía Landaeta Chinchilla. Más información en: Zapata & Ríos, Abogados Asociados. 

Guía de contratación para autores de obras musicales – Capítulo V – Mecanismos de Protección – Pregunta 58. ¿En qué consisten las acciones de la Ley 23 de 1982?

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58. ¿En qué consisten las acciones de la Ley 23 de 1982?

Estas acciones, son mecanismos judiciales a través del cual puedes terminar el contrato de edición si se presenta alguno de los siguientes incumplimientos por parte del editor:

  1. Si el editor no pone a la venta un suficiente número de ejemplares para la difusión de la obra, a más tardar a los tres meses de firmado el contrato (art. 138, Ley 23 de 1982).
  2. Si a pesar de la petición del autor, el editor no pone a la venta nuevos ejemplares de la obra, cuya tirada inicial se ha agotado (art. 138, Ley 23 de 1982).
  3. Si la obra musical no produjo derechos en tres años y el editor no demuestra que realizó todas las gestiones necesarias para la difusión de esta (art. 138, Ley 23 de 1982).
  4. Si el editor no cumple con su obligación de liquidar y abonar las regalías máximo cada seis meses, (cuando la liquidación se hace en proporción a la explotación de la obra – art. 132 de la Ley 23 de 1982).
    Los dos primeros casos anteriores son más bien excepcionales, pues en la actualidad la difusión de la música se hace en su mayor parte a través de la comunicación pública, no a través de la venta de ejemplares, salvo que se trate de la llamada “música culta” (obras sinfónicas, óperas, zarzuelas, jazz, etc.), donde la edición gráfica de las partituras resulta fundamental para obtener una adecuada explotación económica de la obra, o incluso si se trata de la música popular en lo que se refiere a las orquestas o bandas.
    El tercero y cuarto caso por el contrario, si tienen gran incidencia entre el autor y editor actual, pues permiten terminar aquel contrato en el que por descuido del editor, no se ha generado un óptimo rendimiento económico o el editor ha incumplido su obligación de repartir las regalías en el plazo debido (no más de seis meses).

Por: Yecid Ríos Pinzón y Stefanía Landaeta Chinchilla. Más información en: Zapata & Ríos, Abogados Asociados. 

Guía de contratación para autores de obras musicales – Capítulo V – Mecanismos de Protección – Preguntas 56 y 57. ¿Qué es la acción por abuso de derecho y en qué consiste la acción de nulidad por objeto ilícito?

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56. ¿Qué es la acción por abuso de derecho?

Todos tenemos la libertad de contratar y de acordar las condiciones más beneficiosas posibles en los contratos, es lo que se llama libertad contractual; pero, si en el ejercicio de esa libertad, una parte, valiéndose de su mayor fortaleza (posición de dominio contractual), le impone a la otra cláusulas que tienen como único fin vaciar los derechos de la otra parte y desnaturalizar el objeto del contrato, eventualmente podría ejercerse una acción por abuso del derecho, mediante la cual podría solicitarse al juez, además que declare el abuso del derecho, que se indemnicen los perjuicios que dicho abuso pudo haber ocasionado.

57. ¿En qué consiste la acción de nulidad por objeto ilícito?

La acción de nulidad es un mecanismo que te permite solicitar a un juez que se anule un contrato o determinada cláusula por ir en contra de ley. Por ejemplo: Se puede solicitar la nulidad de un contrato o de una cláusula donde se haya comprometido la creación intelectual futura de manera indeterminada o donde el autor se haya obligado a restringir su producción intelectual o a no producir, porque esto también está prohibido.
También, pueden atacarse por nulidad absoluta, aquellas cláusulas donde se haya convenido que la liquidación y abono de las regalías se realizará en un plazo mayor a los seis meses (cuando la liquidación se hace en proporción a la explotación de la obra).

Por: Yecid Ríos Pinzón y Stefanía Landaeta Chinchilla. Más información en: Zapata & Ríos, Abogados Asociados. 

Guía de contratación para autores de obras musicales – Capítulo V – Mecanismos de Protección – Preguntas 54 y 55. ¿Qué es la acción resolutoria y la acción ejecutiva por incumplimiento del contrato?¿Qué es la acción de revisión de contrato?

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54. ¿Qué es la acción resolutoria y la acción ejecutiva por incumplimiento del contrato?

Normalmente, cuando firmas un contrato con otra persona, se entiende que, si tú has cumplido con todas tus obligaciones contractuales pero la otra parte del contrato no, puedes solicitar judicialmente que se termine el contrato (es decir, lo que se conoce en derecho como resolver el contrato), o puedes solicitarle al juez que haga cumplir su obligación al otro contratante (en derecho a esto se le llama solicitar que se ejecute el contrato o la obligación). En todo caso, siempre puedes solicitar que la parte que incumplió te indemnice por los eventuales daños que te causó. 

55. ¿Qué es la acción de revisión de contrato?

Este mecanismo judicial está diseñado para aquellos casos en los que hay un desequilibrio entre las obligaciones de las partes, en nuestro caso autor y editor, que surge por circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, posteriores a la firma del acuerdo, de manera que alteran o agravan las obligaciones y/o derechos a cargo de una de las partes.

Pensemos por ejemplo en un autor que en los años 90’s cedió para siempre su derecho de comunicación al público y a cambio le pagaron una suma fija de dinero. El autor aceptó vender los derechos en estas condiciones pues entendía que para aquella época las mayores ganancias se obtenían no por la comunicación al público sino por la reproducción, distribución y venta de copias de las obras, es decir de CDs, y por tanto no parecía un mal negocio vender el derecho de comunicación al público a cambio de una única suma de dinero. Pero resulta que con el paso de los años, sus obras se han seguido escuchando, se volvieron un hit y hoy en día eso que parecía como un derecho secundario (la comunicación al público) se convirtió en la mayor fuente de explotación de sus obras, gracias a la aparición de plataformas digitales (YouTube, Spotify, Deezer, Itunes), donde se comunican sus obras. Circunstancias imprevistas, como el avance tecnológico.

Para ejercer la acción de revisión se deben reunir los siguientes requisitos:

  • Que las circunstancias que afectaron el equilibrio del contrato surjan después de que se haya firmado y mientras esté vigente.
  • Que las circunstancias sean imprevistas, imprevisibles y extrañas a la parte afectada.
  • Que el desequilibrio sea grave y significativo.

Por: Yecid Ríos Pinzón y Stefanía Landaeta Chinchilla. Más información en: Zapata & Ríos, Abogados Asociados. 

Guía de contratación para autores de obras musicales – Capítulo V – Mecanismos de Protección – Preguntas 52 y 53. ¿Qué son las acciones?¿Qué acciones podría ejercer un autor que considere que sus derechos están siendo vulnerados en el marco de un contrato autor-editor?

52. ¿Qué son las acciones?

La ley reconoce derechos y además herramientas para exigir la protección de esos derechos, esas herramientas o armas jurídicas es lo que llamamos acciones, esto es, los medios por los cuales se reclama ante los jueces el reconocimiento o protección y resarcimiento de algún derecho en particular.

Hay acciones que se aplican a cualquier clase de contrato, son las llamadas acciones de derecho común, otras que de manera especial reconoce la ley de derecho de autor, e incluso hay acciones constitucionales como es la acción de tutela.

53. ¿Qué acciones podría ejercer un autor que considere que sus derechos están siendo vulnerados en el marco de un contrato autor-editor?

Hay una gran variedad de acciones que la ley establece, pero para el caso específico de los autores en el contrato autor-editor podemos mencionar algunas tales como:

  • La acción resolutoria y la acción ejecutiva por incumplimiento de contrato
  • Acción de revisión
  • Acción por abuso del derecho
  • La acción de nulidad por objeto ilícito
  • Las acciones contractuales especiales dispuestas en la Ley de Derecho de Autor.
  • La acción de tutela

Por: Yecid Ríos Pinzón y Stefanía Landaeta Chinchilla. Más información en: Zapata & Ríos, Abogados Asociados.