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El pasado 27 de abril, el Representante de la Oficina de Comercio de los Estados Unidos dio a conocer la versión 2016 del Reporte Especial 301. Este es un instrumento que utilizan los Estados Unidos para documentar el estado de protección de la Propiedad Intelectual (derecho de autor y propiedad industrial) y su observancia alrededor del mundo, específicamente en el territorio de sus socios comerciales.

El reporte tiene dos listas: una llamada Priority Watch List donde se encuentran los países, que en opinión del Representante Comercio, más problemas presentan en materia de protección a la Propiedad Intelectual. Esta lista la conforman once países (de ellos tres latinoamericanos), a saber:

– Argelia                      – India                         – Tailandia

– Argentina                 – Indonesia                 – Ucrania

– Chile                         – Kuwait                     – Venezuela

– China                        – Rusia

Una segunda lista es la Watch List, compuesta por veintidós países donde si bien hay problemas en la observancia de la Propiedad Intelectual, no son tan graves, complejos o de la misma magnitud de los que aquejan a los países de la lista prioritaria. Dentro de esta segunda lista se encuentran nueve países latinoamericanos: Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México y Perú.

En el caso de Colombiano, y particularmente en el tema del derecho de autor, el reporte urge al Gobierno Nacional para que  implemente en la legislación interna algunos compromisos pendientes que en esta materia  se acordaron en el Tratado de Libre Comercio. Además, se le censura al país el crecimiento de la piratería en línea, en especial a través de dispositivos móviles y los problemas para que las autoridades como la Policía Nacional o la Fiscalía adelanten investigaciones de magnitud y sostenidas en contra de tal situación. Sin embargo el Reporte da un chance a Colombia de salir de la lista de observación, dependiendo del grado de implementación de las medidas de fortalecimiento a las autoridades de observancia que se contemplaron en el Plan Nacional de Desarrollo.

Como dato curioso el Reporte Especial 301 por primera vez incluyó en la Watch List a Suiza, un Estado con una larga tradición y altos estándares legales y judiciales de protección a la Propiedad Intelectual, además de ser el país sede de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). La razón para incluir al país alpino obedece, en los términos del Reporte, a la preocupación de los Estados Unidos frente a las dificultades específicas en el sistema Suizo para la protección y observancia del derecho de autor en el ámbito digital. Según se lee textualmente en el Reporte: “Seis años han pasado desde la expedición de una sentencia de la Corte Suprema de Suiza, cuya implementación esencialmente priva a los titulares de derecho en Suiza de la observancia de sus derechos en contra de las infracciones en línea”.

Sin entrar a juzgar si la incorporación de Suiza es acertada o equivocada, traigo a colación este caso para resaltar cómo las decisiones judiciales influyen para que los Estados Unidos censuren el papel que ciertos países juegan en la observancia del derecho de autor. La pregunta que nos hacemos es : ¿de acuerdo con las más recientes decisiones judiciales en los Estados Unidos, soportaría el país del norte un juicio aplicando los parámetros que él mismo utiliza en el Reporte 301?

La anterior pregunta viene dada por lo siguiente: El pasado 18 de abril, la Suprema Corte de los Estados Unidos declinó examinar y prácticamente dio por terminado un litigio de más de 10 años entre el gremio de los editores y autores literarios representados por Authors Guild en contra de Google. En este caso, los jueces estadounidenses han señalado que el proyecto Google Books se ajusta al fair use. Este proyecto consiste en la digitalización de millones de libros que se encuentran en las bibliotecas universitarias de los Estados Unidos, lo que incluye obras en el dominio público, obras huérfanas, descatalogadas, pero también en el dominio privado y en el comercio. Lo anterior con el fin de construir  una mega plataforma que permita a los usuarios acceder a fragmentos de dichas obras.

El caso Google Books trasciende la esfera local de los Estados Unidos, pues dicho proyecto incluye obras estadounidenses  pero también libros del resto del mundo. En otras palabras: los jueces norteamericanos han otorgado a Google una licencia para reproducir, sin autorización, millones de obras de todo el mundo, privando a los editores y autores estadounidenses y a los extranjeros de acciones en contra de la conducta de Google. Conducta que en países como Francia es calificada como infractora del derecho de autor y que seguramente no resistiría el menor análisis a la luz de la mayoría de las legislaciones latinoamericanas.

Así las cosas, ¿no será que los Estados Unidos está viendo la paja en ojo ajeno pero no la viga en el propio?…

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